28 Febrero 2017

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El archivo del caso Funnydent ha causado estupor en las instancias colegiales del sector. Tras conocerse el auto de sobreseimiento provisional y el archivo de la causa, dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Navalcarnero (Madrid), el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región (COEM) ya ha anunciado que adoptará las medidas legales que estén a su alcance para evitar que el presunto delito de estafa cometido por las clínicas dentales Funnydent quede sin juzgar. Como parte activa en el proceso, el COEM ha asegurado que velará por la protección de la profesión, los consumidores y usuarios.

Desde el COEM no se entiende que el Juzgado no haya atendido prácticamente ninguna de las peticiones de diligencias realizadas por parte de los afectados y ahora se archive el caso por entender que es una cuestión económica o de gestión. “Es imposible determinar la responsabilidad sin practicar las diligencias necesarias que se han solicitado”, señala en su comunicado el COEM.

En este escenario, el órgano colegial de la I Región ya ha anunciado que recurrirá cualquier resolución de archivo que se dicte y planteará una revisión institucional de la actuación desarrollada en este caso por parte del Juzgado y el Ministerio Fiscal. En los próximos días, el COEM instará la realización de nuevas diligencias de investigación, aportando hechos que se han conocido tras indagaciones realizadas durante los últimos meses.

Por su parte, desde el Consejo General se afirma que se respeta la decisión judicial, “aunque no se comparta la misma”, asegura su presidente, el doctor Óscar Castro.

La Organización Colegial de Dentistas de España recuerda que la Justicia española debe dar una respuesta a todas las personas que se han visto directamente afectadas por la pésima gestión llevada a cabo por el propietario de esta cadena marquista, entre los que se incluyen miles de pacientes y decenas de trabajadores. “Los hechos acaecidos son especialmente graves puesto que esta mala gestión empresarial ha traído consigo un riesgo claro para la salud de los afectados, especialmente aquellos a los que no se les concluyeron los tratamientos ya iniciados, y también económico, del que son víctimas tanto los pacientes, que tienen que seguir haciendo frente a su deuda con la financiera, como los propios profesionales que trabajaban en estos centros”, se asegura en un comunicado del Consejo General.

Para el doctor Castro, es urgente “establecer las medidas necesarias para que el control en la toma de decisiones de las clínicas dentales esté siempre en manos de profesionales, es decir, de dentistas; para precisamente vincular esta toma de decisiones al conocimiento y evitar que haya empresarios sin escrúpulos que entren en este sector con el único objetivo de enriquecerse”.